CIUDAD
DE MÉXICO (ESHJC-EPAJC).- Por razonamiento y considerar que violenta las
garantías individuales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declara
acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Atenco, que Eruviel Ávila
Villegas, gobernador del Estado de México junto con el PRI, PRD, PAN, PANAL,
PVEM y PT aprobaron el uso de la fuerza pública en el Estado de México,
calificada como “Ley Atenco”.
“El
uso de la fuerza, si bien es cierto, sirve para garantizar la sana convivencia
y respeto entre las personas, también lo es que debe garantizar la protección
más amplia del ejercicio de los derechos humanos de todos”, indica el
organismo, agregando que la restricción a los derechos de reunión, asociación y
libertad de expresión, entre otros, son algunos de los derechos de las personas
que están siendo afectadas por la nueva ley del Estado de México, consideró la
CNDH.
Ahora
la misma “Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como último y máximo intérprete de
la Constitución, decidirá sobre la validez de la norma impugnada o sobre su
interpretación”.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad en contra de
la llamada Ley Atenco, recientemente aprobada por los diputados del Estado
de México, con el voto en contra de los legisladores de Morena.
Luego
de algunas semanas de análisis en su contenido, la CNDH estableció que dicha ley, que regula el
uso de la fuerza pública y consiente a los elementos de seguridad disolver
manifestaciones o protestas consideradas como ilegales, utilizando con la
aprobación del uso de armas de fuego, contiene inconstitucionalidades.
En
ese motivo la CNDH señaló que el uso de la fuerza, si bien sirve para
garantizar la sana convivencia y respeto entre las personas, también debe
garantizar la protección más amplia del ejercicio de los derechos humanos de la
ciudadanía.
El
gobernador priista Eruviel Ávila presentó la iniciativa de ley, misma que fue
aprobada vertiginosamente el pasado 17 de marzo por diputados del PRI, PRD,
PAN, PT, PVEM, PANAL y PES, siendo publicada en la Gaceta Oficial de
la entidad al día siguiente, para que entrara en vigor 90 días después o sea en el mes de junio.
Sin
embargo, diputados locales de Morena, la votaron en contra, aunque
posteriormente otros despistados diputados en este caso perredistas que la habían
votado a favor, presentaron una acción de inconstitucionalidad.
“Los
artículos atacan directamente la libertad de expresión, de asociación y reunión
contemplada en el artículo 9 de la Constitución federal, ya que pretenden
criminalizar la libre asociación y manifestación de las personas bajo
parámetros totalmente subjetivos y no cualificables”, lo que determina una flagrante
violación a los derechos humanos de los mexiquenses.
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